Como en innumerables ocasiones, en estos casi 50 años de lucha por verdad y justicia, familiares de los 70 Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine solicitaron apurar la tramitación de las causas todavía pendientes del “Caso Paine”, que se encuentran estancadas en distintas instancias judiciales.
Así lo hicieron ver integrantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine (AFDDyE-Paine), quienes este miércoles se reunieron con el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, a quien representaron la inquietud de las familias por la demora en la revisión de casos que actualmente están a la espera de ser fallados en el máximo tribunal.
“Tuvimos una extraordinaria acogida con el presidente de la Corte Suprema. Él empatizó con nosotros, empatizó con el dolor, empatizó con los años de espera, con el sufrimiento que hemos tenido. Eso, nos dejó absolutamente conformes. Él nos dijo que iba a ayudarnos a poner en tabla estas causas que nosotros estábamos solicitando… más rapidez para llegar a los fallos”, dijo Flor Lazo, presidenta de la AFDDyE-Paine, al término del encuentro.
Delegación de la AFDDyE-Paine que se reunió este miércoles con el presidente de la Corte Suprema. (Foto: Marcelo Garay Vergara)
50 años y aún pendientes
Se trata de la causa por las ejecuciones y desapariciones forzadas de 11 campesinos de la zona de Aculeo y la del profesor Cristián Cartagena, todas investigaciones ya falladas por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que ratificó las condenas de primera instancia dictadas por la ministra Marianela Cifuentes Alarcón, en contra de militares, policías y civiles, respectivamente.
En el llamado “Episodio Aculeo”, la ministra Cifuentes sentenció a siete genocidas como autores del secuestro calificado de 11 campesinos, en su mayoría dirigentes de distintos asentamientos aculeguanos de la época.
Se trata de los criminales de lesa humanidad Osvaldo Andrés Magaña Bau (fallecido en total impunidad, en julio de 2021), Iván de la Fuente, Alejandro Emilio Valdés Visintainer y Alfonso Faúndez Norambuena; al ex carabinero Sergio Heriberto Ávila Quiroga y prefecto de Investigaciones Roberto Arcángel Rozas Aguilera, condenados a 18 años de presidio, mientras que el ex general de División del Ejército, Julio Cerda Carrasco, fue condenado a 15 años de cárcel.
En el caso del profesor Cartagena, en abril de 2023 la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel ratificó las condenas de 12 y 10 años de cárcel, respectivamente, contra los dos expolicías Nelson Bravo Espinoza y Rogelio Lelan Villarroel Venegas, y de 8 años contra los civiles Rubén Darío González Carrasco y Juan Francisco Luzoro Montenegro, por el secuestro calificado del entonces director de la escuelita rural de Chada, localidad campesina de la zona suroriente de Paine.
Aún pendiente también es el llamado “Episodio Chena-Escorial”, causa en la que 11 ex miembros del Ejército fueron condenados por secuestro calificado y sustracción de menores de Carlos Ortiz, Juan Cuadra e Ignacio Santander (17 años de edad a la época).
De igual modo, se está a la espera de que la Corte Suprema (Segunda Sala Penal) emita el fallo definitivo en la causa por la detención y ejecución de los jóvenes estudiantes paininos, Ricardo Carrasco y Saúl Cárcamo, cuyos alegatos finales tuvieron lugar en mayo último.
