Bajo el lema “Sin cultura y memoria no hay democracia”, trabajadoras y trabajadores de diversas instituciones comprometidas con la cultura, la memoria y los derechos humanos se congregaron frente al Archivo Nacional para protestar contra los recortes presupuestarios que amenazan el funcionamiento y desarrollo de estas áreas fundamentales para el país.
Quienes integran la Red Nacional de Sitios de Memoria; de la Asociación de Funcionarios/as del Patrimonio, ANATRAP; de la Red de Áreas de Educación de Sitios de Memoria y Conciencia, RESMYC, y del Consejo Internacional de Museos llegaron hasta el frontis del Archivo Nacional en donde, tras colgar lienzos y carteles alusivos al tema, hicieron un punto de prensa para remarcar la gravedad del rechazo de la Comisión Mixta del Senado de la partida presupuestaria 2025 del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural e Instituciones Colaboradoras.
Diferentes vocerías de las mencionadas instituciones hicieron uso de la palabra; Mariana Zegers, a nombre de los Sitios de Memoria Red Nacional de Sitios de Memoria y que integra a más de 50 de estos espacios, manifestó que este hecho “constituye un atentado a la cultura, a la memoria y a los Derechos Humanos y que es una expresión de una política negacionista que intenta borrar la memoria y justificar la repetición de las violaciones a los Derechos Humanos en Chile”, agregando que “los sitios de memorias se han dado a la tarea de educar en derechos humanos y en pedagogía de la memoria, supliendo en muchos casos la ausencia del Estado en esta materia”, puntualizando que se refleja “en la sostenida precarización en la que se encuentran los sitios, dando cuenta del escaso compromiso en torno a estos temas, tan fundamentales para la no repetición de los hechos, garantías que, a 51 años del Golpe civil y militar, lamentamos reafirmar que no están dadas.
Por su parte, Diego Cabezas, docente de la RESMYC, resaltó que “este recorte presupuestario no es algo nuevo; ya se había manifestado en 2022, cuando se negó financiamiento al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y al Museo de la Memoria y en 2023, la misma situación se repitió, pero bajo el argumento de un «error administrativo». Ahora, recalcó el representante de RESMYC, “asistimos a una repetición del mismo patrón: dejar a la Cultura sin recursos y chantajear a los sitios de memoria y memoriales para que dependan de la Subsecretaría de Derechos Humanos, ignorando a conveniencia que cada programa, actividad e intervención busca fortalecer los lazos comunitarios, esfuerzos abarcan a juntas de vecinos, niñeces, adolescentes, personas mayores, disidencias sexo-genéricas, personas con discapacidades, migrantes y comunidades racializadas, promoviendo la inclusión y la participación de todos los sectores de nuestra sociedad”, resaltando que “cada recurso que se rechaza en cultura, memoria y derechos humanos contribuye a la proliferación de discursos de odio que ponen en riesgo la seguridad y la vida de las personas”.
Maximiliano Villela, presidente regional de ANATRAP, enumeró las múltiples iniciativas que se ven afectadas con esta medida, entre las que se cuentan realizar mejoras para los ascensores de Valparaíso; el mercado central de Arica; el Palacio de La Moneda; el palacio presidencial de Cerro Castillo; el ex Congreso Nacional, entre otros, Además, señaló, “pone en riesgo la instalación de archivos regionales como el de Aysén y Magallanes y de la continuidad de Bío Bío y Los Lagos, además de impedir la reparación de inmuebles patrimoniales, como la Biblioteca Nacional y Archivo Nacional; impide ejercer un trabajo mancomunado entre el Servicio del Patrimonio, a través de la subdirección de pueblos originarios, con las comunidades indígenas en materia patrimonial; impacta directamente en la entrega de servicios tales como bibliomóviles, apertura de bibliotecas públicas regionales y fondos de mejoramiento integral de la red nacional de bibliotecas municipales que van desde Arica a Puerto Williams”. Las consecuencias son enormes que imposibilitan cumplir con las líneas programáticas de los 24 museos regionales y de los 3 museos nacionales, a saber, Museo Nacional de Bellas Artes, Museo Histórico Nacional y Museo Nacional de Historia Natural” Por todo ello, señaló Leonardo Mellado, es que “la actitud del poder legislativo nos recuerda la falta de altura de miras con respecto a las políticas de Estado en materia de reparación, verdad y justicia que todo estado moderno debo incorporar, puntualizando que “los sitios de memoria son el recordatorio obligado para la ciudadanía de graves violaciones a los derechos humanos vividas en nuestro país y buscan dar un reconocimiento a las víctimas y sus familiares más allá de cualquier ideología” .
Por último, Leonardo Mellado, vocero de ICOM, recordó que “ha sido el Estado chileno quien ha suscrito diversas convenciones internacionales sobre cultura, patrimonio, memoria y Derechos Humanos que promueven y obligan a la institucionalidad en asumir responsablemente su protección y salvaguardia”, destacando que “ningún organismo del Estado puede hacer oídos sordos a este preocupante escenario y que -como organismo internacional asesor de UNESCO, preocupado por el patrimonio cultural, su salvaguarda, gestión, administración y vinculación con la ciudadanía y comunidades a través de los museos y otras instituciones afines- es imperativo que reforcemos en nuestras legisladoras y legisladores que los museos como espacios de memoria “…participan activamente en la conservación, protección y difusión del patrimonio cultural y, por lo tanto, tienen un rol fundamental en la unión de las comunidades tanto en tiempos de crisis como en tiempos de paz”. Por ello, recalcó el vocero, es que “hacemos un llamado al Parlamento chileno a no negar el presupuesto solicitado por el SERPAT y convertir en moneda de cambio político el rol fundamental de la cultura y, en especial, del patrimonio. Un mejor país no se hace negando su pasado expresado en sus cultores, memorias y patrimonios, sino que sigue construyéndose, desarrollándose de manera sostenible con todas y todos”.
Finalmente, los trabajadoras y trabajadores de las instituciones promotoras y defensoras de la cultura, el patrimonio y los derechos humanos señalaron que estarán alerta y movilizados frente a las negociaciones y acuerdos políticos que no vayan en la línea de los requerimientos mínimos en torno a la defensa y promoción de estos valores y derechos esenciales para la ciudadanía.
