La Corte de Apelaciones de San Miguel ratificó las condenas a presidio efectivo contra dos expolicías y dos civiles por su responsabilidad en la desaparición forzada del profesor Cristián Cartagena, perpetrada el 18 de septiembre de 1973, cuando el docente se desempeñaba como director de la escuelita rural de Chada, localidad ubicada en la zona suroriente de Paine.
El fallo de la Primera Sala del tribunal de alzada – integrada por las ministras Dora Mondaca, María Catalina González y el abogado integrante Ignacio Castillo Val, dejó a firme el dictamen de primera instancia de la ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes.
En su resolución, del 30 de junio de 2022, la ministra Cifuentes condenó a los expolicías Nelson Iván Bravo Espinoza y Rogelio Lelan Villarroel Venegas, a la pena de 12 y 10 años de cárcel, respectivamente, mientras que a los civiles Rubén Darío González Carrasco y Juan Francisco Luzoro Montenegro, a 8 años de prisión cárcel, en calidad de autores del delito de secuestro calificado del profesor Cartagena.
El tribunal de alzada sanmiguelino ratificó, además, los sobreseimientos de José Floriano Verdugo Espinoza, Claudio Antonio Oregón Tudela, Víctor Manuel Sagredo Aravena, José Osvaldo Retamal Burgos, Jorge Enrique González Quezada y Manuel Antonio Reyes Álvarez, todos fallecidos – en total impunidad- en el transcurso de la investigación.
Tras esta decisión, y de ser apeladas por las defensas de los genocidas, será la Corte Suprema la que tendrá a su cargo la tarea de dictaminar un fallo definitivo, tras casi 50 años de impunidad.
LAS OTRAS CAUSAS PENDIENTES
Otras tres causas continúan pendientes en distintas etapas judiciales. Una de ellas es la del denominado episodio Fundo Santa Rosa, hecho en el que fueron ejecutados Saúl Cárcamo y Ricardo Carrasco. Ya en su última instancia, la causa debe ser vista por la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema la semana próxima.
Será también el máximo tribunal de justicia del país la instancia donde deben ser revisadas y sancionadas las condenas a cárcel contra los criminales de lesa humanidad responsables de las ejecuciones y desapariciones forzadas perpetradas en los denominados episodios Aculeo y Chena-Escorial.
En la causa Aculeo, en julio de 2021 la ministra Marianela Cifuentes condenó a siete genocidas como autores del secuestro calificado de 11 campesinos de distintos asentamientos aculeguanos de la época. En cuanto a Chena-Escorial, en febrero de 2022, la magistrada dictó sentencias condenatorias contra 11 militares por el secuestro calificado de Ignacio Santander, Carlos Ortiz y Juan Cuadra.
