Organizaciones de derechos humanos y sociales, trabajadores de la cultura y el patrimonio, familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutado Políticos, sitios y espacios de Memoria de todo el país, condenaron este viernes la votación de la cámara de diputadas y diputados que, en el contexto de la discusión de la Ley de Presupuesto 2023, dejó sin recursos a las instituciones que trabajan en la defensa y promoción de la Memoria y los Derechos Humanos.
Así lo expresaron durante un punto de prensa realizado en el Museo de la Memoria y los DDHH, el que contó con una masiva asistencia de representantes de distintas organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos.
“Se trata de una determinación que ha contado, principalmente, con los votos de parlamentarias y parlamentarios de la derecha. Frente a ello, condenamos que, ad-portas de cumplirse 50 años del Golpe Cívico-Militar, nuevamente los representantes del pinochetismo golpista azucen una y otra vez, su cruzada de negacionismo para pretender borrar, por la vía financiera, iniciativas de defensa y promoción de la Memoria y los Derechos Humanos”, afirmaron en una declaración conjunta más de casi un centenar de organizaciones.
“Estamos atónitos de que en Chile exista un grupo de parlamentarios que no logre entender la importancia de la memoria. (…) Nosotros esperamos que en el Senado el gobierno reponga esta parte del presupuesto y que los senadores asuman la responsabilidad que tenemos de conservar estos espacios e instituciones”, expresó Cristián Castillo vicepresidente Villa Grimaldi.
“Compartimos las palabras de las organizaciones aquí presentes y nos sentimos muy acompañados. Estamos en una nueva tarea de la memoria, junto a los rostros de quienes dieron su vida por la democracia”, recalcó María Luisa Ortiz, funcionaria del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
Los representantes de las distintas organizaciones instaron al Gobierno y especialmente a los senadores a enmendar lo ocurrido en la Cámara de Diputados, votación que desestimó la entrega de recursos para el INDH, el Museo de la Memoria y Los Derechos Humanos, así como sitios y espacios de memoria del país.
“Emplazamos al Estado chileno a que se ponga los pantalones y las faldas y que tengan una política real de memoria”, afirmó Marcelo Acevedo, presidente de la Corporación Estadio Nacional, Memoria Nacional.
“Debemos hablar de lo que ocurrió en Chile. No estamos hablando de una memoria a medias como ellos señalan. Esta es la verdad, aquí estamos los familiares y quienes lo vivieron”, dijo a su turno, la abogada Tania Larraín, presidenta del directorio de Corporación Memorial Paine, un lugar para la memoria.
“Exigimos al gobierno cautelar el financiamiento de instituciones de derechos humanos y espacios de memoria. Llamamos a los senadores, senadoras, y todos quienes dicen estar comprometidos con los derechos humanos, sean de cualquier espectro político, actúe en consecuencia”, sentenció Alicia Lira presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
No se puede retroceder
Desde las organizaciones se recordó también al gobierno y a el congreso no desconocer el llamado principio de no regresión, que obliga al Estado a avanzar de manera permanente en materia de protección y promoción de los derechos fundamentales.
“Es un tema muy grave, urgente de atender, pues significa que quienes legislan hoy no conocen el mandato del INDH y están transgrediendo principios bases de los derechos humanos (…) Lo que avanza en materia de derechos humanos no puede retroceder, pues compromete la responsabilidad internacional del estado de Chile”, recordaron representantes de los funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH.
“La decisión no está acorde a los principios democráticos que debe mantener y respetar toda sociedad más allá de sus diferencias ideológicas. (…) Es una falta de respeto a trabajadores y trabajadoras de Arica a Magallanes que hoy desarrollamos una labor fundamental en el respaldo y puesta en valor de la memoria y DD.HH.”, dijo la dirigenta regional metropolitana de la Asociación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Patrimonio (ANATRAP).
Las organizaciones llamaron a estar alertas ante lo que deba ocurrir en lo sucesivo con el trámite legislativo de la Ley de Presupuesto 2023 en la cámara alta, no solo a nivel de las organizaciones locales.
Así lo planteó, Leonardo Mellado, presidente del Capítulo chileno del Comité Internacional de Museos (ICOM).
“Expresamos nuestra preocupación por el rechazo al presupuesto solicitado para el Servicio Nacional del Patrimonio y organizaciones colaboradoras para el 2023 por parte de la Cámara de Diputados, y nos declaramos en alerta internacional ante las medidas que el Senado chileno pueda tomar al respecto”.
