Fotografía: indh.cl
El pasado lunes 15 de enero, el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos votó, por mayoría de sus consejeros, la destitución del hasta entonces director del organismo, Branislav Marelic. La destitución, más allá de las confusas y diversas razones que han sido esgrimidas por los diversas partes involucradas, nos parece sumamente preocupante, por la forma en cómo ésta se concretó, sin un conducto regular o evaluación con parámetros transparentes e informados, sino por mera votación del Consejo, lo cual establece un precedente preocupante para una institución que debe resguardar su autonomía y estabilidad.
Tanto Memorial Paine como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine fueron parte del arduo proceso de consulta y participación en la redacción del proyecto de ley que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ya en ese entonces, las organizaciones de la sociedad civil advirtieron las debilidades en cuanto a autonomía que representaba un Consejo nombrado por autoridades de los poderes del Estado, al mismo tiempo en que se denunciaron los diversos recortes que se realizaron al proyecto original, que resultaron en un INDH mucho más limitado en sus funciones respecto a su espíritu original.
Es por ello que la forma en que se procedió a destituir al director Marelic, demuestra la debilidad de la institucionalidad y del propio cargo del director, que debería estar afecto a remoción solamente bajo un proceso transparente, con criterios claros y transversales, y de cara a la sociedad; de lo contrario se abre una puerta a futuras remociones por razones políticas o discrecionales, que ponen en peligro la misión del INDH justamente en posibles escenarios críticos donde el deber de proteger y promover los derechos fundamentales de las personas no puede verse influenciado o atenuado por razones políticas. Por lo tanto, el cargo del director -y del propio Consejo- debiese estar protegido por la institucionalidad, comprendiendo que resultan clave en escenarios donde debe anteponerse la protección de los principios democráticos y los derechos fundamentales de todas las personas que habitan este país.
Frente a estos hechos, consideramos necesario que el actual Consejo realice una revisión del proceso de remoción del director, revirtiendo o enmendando la decisión mediante un proceso de evaluación con criterios transparentes e informados, de cara al registro de organizaciones y a la sociedad en general. Al mismo tiempo, solicitamos al Consejo y al Estado, revisar la institucionalidad del INDH para fortalecer sus atribuciones, autonomía, y conductos internos, a fin de garantizar la estabilidad y protección necesarias para el cumplimiento íntegro de su mandato público.
Memorial Paine, 31 de enero de 2018
