Han transcurrido casi 50 años y los familiares de los Detenidos Desparecidos y Ejecutados de Paine aún reclaman por una justicia que ha sido esquiva e indiferente frente a uno de los episodios más estremecedores de la historia reciente del país.
No se han cansado de tocar puertas. Fue así como construyeron una sólida e ineludible verdad respecto de los acontecimientos que costaron la vida de 70 campesinos, estudiantes, trabajadores y docentes.
Este miércoles echaron mano al noble ejercicio de exigir que las instituciones materialicen de una vez por todas, porque sigue siendo inaceptable tanta impunidad, más cuando un país se dispone a borrar de raíz el legado constitucional que permitió los crímenes en Paine y a lo largo y ancho del territorio.
Lo hicieron ante el propio presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, durante una audiencia presencial en la que la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, exigió una vez más que el máximo tribunal de justicia apure el tranco y ratifique las condenas que hasta ahora ha instruido la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, a cargo de la tramitación de las causas de Paine.
“Me pareció que la lista con los nombres de la causa “Paine Principal” va a servir para descongestionar las causas que ellos tienen (en la Corte Suprema) y también se mostró (el titular del máximo tribunal) muy esperanzado en entregarlas al relator”, comentó Flor Lazo, presidenta de la AFDDyE de Paine, al término del encuentro.
“(El ministro Silva) dice que el fallo no va a cambiar, porque la mayor parte de las casusas tienen las mismas consecuencias, y que en eso se trabajará. No desconoce reconoce que ha sido un trabajo muy minucioso (el de la ministra Cifuentes)”, añadió.
Sin embargo, esa cuota de esperanza se vio opacada la tarde de este miércoles, luego de que se conociera del fallecimiento del criminal de lesa humanidad Andrés Magaña Bau, ocurrido el pasado 22 de julio, sin que haya pagado por sus delitos cometidos, en su calidad de miembro del Ejército.
Conocida la información, (¿No lo sabía el Poder Judicial?), fue la propia Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine la que calificó el hecho como la “consecuencia de un Estado que no se ha hecho cargo de sus obligaciones frente a las violaciones a los derechos humanos, y particularmente de una, el Poder Judicial ha tardado casi 50 años en dictar sentencias contra los criminales”, señaló la organización en una declaración pública.
