Que debieron “acatar la orden de colaborar con las autoridades” en “un contexto de convulsión institucional”; que se detuvo a un “subversivo que promovía la toma de fundos por la vía violenta”; que en ningún caso había “ánimo de revanchismo”, porque fueran opositores a las nuevas autoridades del país tras el golpe.
Esos fueron algunos de los argumentos de los abogados que defienden a los cuatro genocidas condenados por la detención y desaparición forzada del profesor Cristian Cartagena Pérez, esgrimidos durante los alegatos de segunda instancia celebrados este viernes en la Corte de Apelaciones de San Miguel.
Argumentos con los que se intenta revertir la sentencia de primera instancia de la ministra en visita extraordinaria de la Corte Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, que en junio de este año dictó condenas contra dos policías y dos civiles.
Se trata de los genocidas Nelson Bravo Espinoza y Rogelio Villaroel Venegas, entonces policías de la subcomisaría de Paine, sentenciados a penas efectivas de 12 y 10 años, respectivamente, y de los civiles Rubén Darío González Carrasco y Juan Francisco Luzoro Montenegro, condenados a sendas penas de 8 años de presidio. Todos en calidad de autores del delito de secuestro calificado del profesor Cartagena.
“Los abogados defensores de los asesinos, con una realidad totalmente distorsionada, los defienden. Una realidad que ellos se han creado y ni siquiera saben que hubo una dictadura que fue tremendamente cruel y asesina. Quizás, estos abogados, sean el ejemplo de una sociedad chilena que quiere olvidar lo que pasó ayer”, comentó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, Flor Lazo, luego de los alegatos.
Con solidez e indiscutible ética y conocimiento del derecho, el abogado de la familia del profesor Cartagena, Nelson Caucoto, rebatió los argumentos de las defensas de los cuatro condenados, las que calificó como un absurdo insostenible.
“Ellos (algunos condenados) están confesos. Y les voy a decir algo más: yo los escucho con todo el respeto posible (a los abogados defensores), pero no puedo coincidir con ellos. Han llegado a decir que aquí no hubo delito (…) qué culpa tiene mi representado, si mi representado participó en la detención, pero después me desprendo, eso es culpa de carabineros; es absurdo aquello, por favor…”, rebatió Caucoto en su alegato.
“Esta famosa comitiva o caravana de carabineros y civiles, ya había actuado antes en Paine. El día 16 de setiembre, dos días antes, mataron a dos jóvenes estudiante secundarios, Ricardo Carrasco y Saúl Cárcamo. ¿Y quién dice que participó la misma comitiva?: lo dice Ricardo Tagle, quien estuvo procesado; lo que pasa es que se murió (…) el mismo procedimiento se aplicó en al caso del profesor Cartagena”, replicó el abogado Caucoto.
Tras los alegatos de este viernes, procede ahora el pronunciamiento de la sala del tribunal de alzada sanmiguelino y, lo probable es, que las defensas de los cuatro genocidas condenados por la ministra Marianela Cifuentes apelen a ese fallo, por lo que será la Corte Suprema la instancia donde habrá que seguir la batalla por la tardía justicia para el caso del profesor Cartagena, así como para las otras 16 causas pendientes por los crímenes cometidos en Paine.
Como dijo hoy el abogado Marcelo Orellana: las únicas armas que tenía en su poder el profesor Cristian Cartagena cuando fue detenido, torturado y hecho desaparecer, eran una tiza y un pizarrón.
