En manos de la Corte Suprema queda en lo sucesivo aplicar la necesaria justicia para los crímenes cometidos contra campesinos de la zona de Aculeo, en Paine, entre el 13 y 20 de octubre de 1973, como parte de la venganza de la patronal latifundista.
Esto, luego del reciente fallo de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel ratificó las condenas que la ministra Marianela Cifuentes estableció (en julio de 2021) en primera instancia contra siete genocidas como autores del secuestro calificado de 11 campesinos de distintos asentamientos aculeguanos de la época.
El tribunal de alzada confirmó así la pena de 18 años de presidio mayor en su grado máximo para los genocidas Osvaldo Magaña Bau (fallecido en total impunidad), Iván de la Fuente, Alejandro Valdés Visintainer y Alfonso Faúndez Norambuena; al excarabinero Sergio Ávila Quiroga y el policía de Investigaciones (PDI) Roberto Rozas Aguilera.
En cuanto al genocida Julio Cerda, la sala de la Corte de Apelaciones estableció una condena de 15 años como autor del secuestro calificado de los campesinos Francisco Lizama Irarrázabal, Juan Ortiz Acevedo, Luis Ortiz Acevedo, Jorge Pavez Henríquez, Rolando Donaire Rodríguez, José Díaz Inostroza, Pedro Meneses Brito, Luis González Mondaca, Santos Calderón Saldaña, Benjamín Camus Silva, Bautista Oyarzo Torres.
Caravana de la muerte en Aculeo
En su acuciosa investigación, la ministra en vista extraordinaria para causa de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, estableció que a partir del día 13 de octubre de 1973 un contingente militar de la Escuela de Infantería de San Bernardo, con colaboración de policías y civiles, participó de operativos en las zonas rurales de Aculeo para detener a campesinos que adhirieron al proceso de Reforma Agraria, durante el gobierno de la Unidad Popular.
En ese periodo y en distintos días, militares, policías y civiles realizaron allanamientos y detenciones selectivas en diversos asentamientos campesinos de la Reforma Agraria situados en las inmediaciones de la laguna de Aculeo, en Paine, entre ellos, Mansel Alto, Patagual, Rangue, El Vínculo y Huiticalán.
En cada uno de esos operativos – que se prolongaron hasta el 20 del mismos mes- los genocidas detuvieron, torturaron y ejecutaron a dirigentes de dichos asentamientos campesinos, todos los cuales fueron retenidos en el campo de prisioneros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, en el cerro Chena.
Luego de las ejecuciones los cuerpos de los 11 campesinos aculeguanos fueron hallados en distintos lugares de la provincia (Lo Arcaya, en Pirque, Puente Maipo), a excepción de Jorge Manuel Pavez Henríquez, hallado en el Patio 29 del Cementerio General, y Luis Osvaldo González Mondaca, quien permanece en calidad de detenido desaparecido.
Si bien el fallo de segunda instancia de la Corte de Apelaciones sanmiguelina dejó a firme las sentencias, ahora será el turno de que la Corte Suprema mantenga y ratifique estos fallos, y responda en coherencia a la demanda de justicia de los familiares y la sociedad en su conjunto.
