Los abogados que representan a los familiares de los 70 Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine pidieron la ratificación de las condenas impuestas por la Ministra Marianela Cifuentes contra los 15 procesados por los crímenes de Cuesta Chada y quebrada Los Quillayes, ocurridos entre septiembre y octubre de 1973.
Se trata de la causa denominada “Paine Principal”, cuyos alegatos fueron revisados este miércoles 9 de septiembre por la Corte de Apelaciones de San Miguel, luego de la sentencia condenatoria dictada el año pasado por la ministra Cifuentes, por el delito de secuestro calificado de 38 personas.
En su sentencia, la ministra estableció cuatro condenas a presidio perpetuo en contra de los oficiales del Ejército Jorge Eduardo Romero Campos, Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau, Carlos Walter Kyling Schmidt y Arturo Guillermo Fernández Rodríguez, todos en calidad de autores.
A ellos, se suma el fallo condenatorio a penas de entre 10 y 20 años de presidio que la Ministra impuso a otros nueve uniformados (carabineros y soldados) y el civil Juan Guillermo Quintanilla, también en calidad de autores, salvo el conscripto Jorge Reyes, quien fue absuelto por la jueza.
“Humildes entre los humildes”
Con sólidos argumentos, y amparados en una verdad incuestionable, los abogados querellantes alegaron por la confirmación de la sentencias de la ministra Cifuentes e hicieron especial hincapié en la larga espera de 47 años para alcanzar la justicia efectiva.
“A 47 años, esta larga espera para estar viviendo el penúltimo acto de esta atávica tradición de hacer justicia. Ha sido tal el esfuerzo para dar lugar a una sentencia tan extensa, tan difícil, tan compleja, porque no existe en Chile un proceso de derechos humanos que tenga esta cantidad de víctimas, esta cantidad de dolor, esta cantidad de criminalidad”, dijo el abogado Nelson Caucoto en su alegato.
“Las víctimas tienen una connotación especial. Salvo dos que eran empresarios, todos los demás eran campesinos, humildes entre los humildes. Y así ha sido el trato que se las ha dado, a través de la justicia. Han sido humillados, vilipendiados, defraudados, a lo largo de todos estos años”, recordó el abogado.
“Sicariato del mal”
Siempre en pro de la ratificación de las condenas impuestas por la ministra Cifuentes, el abogado Luciano Fouillioux, quien representa a la familia de Andrés Pereira, refutó los argumentos de “obediencia debida” esbozados por las defensas de los uniformados que participaron en los fusilamientos de cuesta Chada y quebrada Los Quillayes.
“En menos de dos meses se sacrificó a 38 víctimas, generando en una masacre que derivó en una tragedia para una comunidad y para las familias de estas 38 personas. No existe otro parangón en la memoria histórica de Chile”, recordó el jurista.
Visiblemente emocionado, Fouillioux detalló a los ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel la brutalidad con que actuaron los autores de los fusilamientos, especialmente en la quebrada de Los quillayes, cercana al Lago Rapel, donde fueron ejecutados 24 de los 70 de Paine.
“Partieron de retorno y en el camino sacrificaron cuatro ovejas. Las llevaron a un restorán del sector para que las asaran. Comieron cordero y bebieron; no sabemos si en festejo o limpiando la mente por el delito brutal que habían cometido. En cualquiera de las dos hipótesis, es un hecho grotesco”, dijo fuerte el abogado.
Fouillioux recordó también la extensa espera por justicia de los familiares, pero también la larga búsqueda de sus seres queridos.
“Durante 40 años les entregaron información falsa. Sacrificaron bienes para comprar información”, sostuvo.
“Quiero rendir un homenaje al ministro (Héctor) Solís, quien entregó la vida buscando a esta gente y llegamos a la quebrada (Los Quillayes). Y se excavó, se excavó y no se encontró nada, salvo unas mil piezas culturales. Y seguimos con el proceso. Y logramos la condena de 12 de estos facinerosos, de esta suerte de sicariato del mal”, sentenció.
