A penas de 10 años y 15 años de cárcel, respectivamente, fueron sentenciados dos de los principales responsables de los homicidios calificados de los jóvenes Ricardo Eduardo Carrasco Barrios (19) y Saúl Sebastián Cárcamo Rojas (20), ejecutados a manos de carabineros y civiles, el 16 de septiembre de 1973, en la comuna de Paine.
La sentencia fue dictada recientemente por la Ministra en visita extraordinaria para causas de violaciones a los Derechos Humanos, de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, en contra del coronel de carabineros, Nelson Iván BravoEspinoza, y el empresario Juan Francisco Luzoro Montenegro, en calidad de autores del delito de homicidio calificado.
En su sentencia del pasado 13 de abril, la ministra Cifuentes absolvió a Luzoro por el homicidio de Saúl Cárcamo, pero lo condenó a 10 años y un día de cárcel por el homicidio calificado de Ricardo Carrasco Carrasco, mientras que el coronel Nelson Bravo fue condenado a 15 años y un día de prisión por los homicidios calificados de Saúl Cárcamo y Ricardo Carrasco, dos jóvenes militantes del MIR, a la época.
La decisión judicial fue valorada por la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desparecidos y Ejecutados de Paine (la AFDDyE), Flor Lazo, quien dijo que como familiares no bajarán los brazos y “trabajarán firmemente” para que los dictaminado por la ministra Cifuentes se cumpla.
“Nosotros tenemos un tremendo agradecimiento enorme por el trabajo de la ministra Marianela Cifuentes, por tanta dedicación. La ministra ha castigado severamente a los asesinos de nuestros familiares. Estos asesinos de nuestro padres, esposos e hijos hoy tienen que cumplir y nosotros vamos a trabajar firmemente para que se cumpla lo que la ministra Marianela Cifuentes ha dictado en contra de estos asesinos”, recalcó.
De acuerdo a la resolución de la magistrada, los antecedentes recopilados en el curso de la investigación se pudo acreditar la directa participación de Bravo y Luzoro en los hechos que rodearon en la ejecución de ambos jóvenes y, además rechazó la reclamación de la defensa de los sentenciados y descartó aplicar la prescripción, al considerar que se trata de crímenes de lesa humanidad.
“Si bien es cierto, este es un fallo de primera instancia, pues aún falta que la Corte Suprema pueda ratificar el trabajo de la ministra, nosotros como agrupación recibimos con una profunda alegría, porque después de tanta desesperanza, tanta angustia, es una alegría empezar a ver la luz de saber que por fin pudo haber una justicia, quizás no como nosotros quisiéramos, por la tardanza, por el tiempo que ha pasado, por tanta espera para muchas mujeres que ya no están y no pudieron ver que se alcanzó la justicia”, sostuvo la presidenta de la AFDDyE de Paine.
El fallo de primera instancia suma así una nueva condena de contra Bravo y Luzoro, quienes cumplen ya penas de cárcel en Punta Peuco y Colina 1, respectivamente, por otros crímenes cometidos en Paine, luego del Golpe Militar de 1973 que se saldaron con la desaparición forzada y/o ejecución de 70 trabajadores, estudiantes y campesinos de Paine.
Según los antecedentes recopilados por la ministra Cifuentes, para entonces el coronel Bravo Espinoza era el jefe de la subcomisaría de Paine y, como tal, tuvo a su cargo diversos operativos destinados a arrestar de adherentes del derrocado gobierno de Salvador Allende, mientras que Luzoro Montenegro, conocido empresario del transporte de la época, facilitó camiones para el traslado de personal uniformado y de prisioneros.
Para el director ejecutivo Memorial Paine, Juan Leonardo Maureira, este nuevo fallo es una potente señal respecto de la necesidad de justicia que los familiares de los 70 de Paine vienen reclamando por años. “Como Memorial Paine valoramos que la justicia se active, sobre todo en estos momentos en que nuevamente existen intentos por reeditar la impunidad con leyes humanitarias, a propósito de la pandemia. Es una potente señal, sobre todo para los familiares que hemos esperado tanto tiempo por una justicia que, esperamos, se aplique para todos los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas en Paine que aún están pendientes”, señaló.
