DECLARACIÓN PÚBLICA
A la comunidad nacional e internacional:
En el últimos días, y en medio de la crisis sanitaria derivada de la propagación del Covid-19, la administración de Gobierno encabezada por Sebastián Piñera, ha puesto en el debate público la idea de promover la excarcelación de violadores de derechos humanos que hoy cumplen condenas por su responsabilidad directa e indirecta en la comisión de horrorosos crímenes de lesa humanidad.
So pretexto de la crisis sanitaria que afecta a nuestro país, así como al resto del mundo, y alentado por los sectores políticos leales a la herencia dictatorial, el Gobierno se ha abierto a ese propósito a través de una iniciativa legislativa denominada “Ley Humanitaria”, mediante una vulgar operación mediática.
Resulta grotesco que dicho empeño sea encubierto, solapado y/o disimulado con una cuestionable razón de humanidad para -como en tantas y reiteradas ocasiones del pasado reciente-, imponer la tesis del empate. Esta vez para allanarse a la exigencia de libertad para niños, jóvenes, mujeres y hombres que hoy permanecen prisioneros por haberse hecho parte del estallido social de octubre de 2019.
Como en tantas e innumerables oportunidades, una vez más queda en evidencia la grosera obsesión de ciertos sectores políticos de la sociedad chilena por saldar las deudas propias con la casta militar a la que dieron la espalda, cuando la hora de la verdad y la justicia comenzó a materializarse y muchos criminales de lesa humanidad –aunque todavía faltan- comenzaron a desfilar por los tribunales de justicia para rendir cuentas por las acciones a las que fueron impulsados por los mismos que hoy se empeñan en ponerlos fuera de las cárceles.
Es a la vista deplorable que este repentino “espíritu de indulgencia y humanidad” del Gobierno de Sebastián Piñera y todo su soporte político, surja justo en momentos en que la sociedad se ve enfrentada a un estado de conmoción, como resultado de la pandemia que tiene en vilo al mundo. Y es también repudiable cuando ese “espíritu” es válido solo para reos de “primera categoría”, como los que habitan el penal de Punta Peuco, y no así respecto de mujeres y hombres que viven hacinados en las cárceles del país, por delitos que en ningún caso les quitan su condición de seres humanos, ni menos su dignidad ni su derecho a salud.
Es más aún deleznable que quienes hoy claman y promueven indulgencia sean los mismos que ayer guardaron cómplice silencio, negaron los crímenes y defendieron a más no poder la “legitimidad” de la dictadura cívico-militar que encabezó Pinochet.
Es a toda vista inaceptable, pues quienes se empeñan en promover indulgencia para con los criminales, ayer avalaron el entierro y desentierro clandestino de nuestros seres queridos, actos horrorosos con los que buscaron asegurarse la impunidad que hoy de nuevo quieren reeditar e imponer.
Por todo lo anterior, nos sumamos y hacemos eco de las voces de rechazo y condena a esa pretensión gubernamental, pues no solo significa una afrenta a la memoria de mujeres y hombres que fueron torturados, ejecutados y hechos desaparecer, sino también un nuevo y conocido intento por mancillar la dignidad de un país que, tras largos años de sacrificio, ha comenzado de nuevo a palpitar en el alma de sus mujeres y hombres.
NUNCA MÁS IMPUNIDAD
TODA LA VERDAD, TODA LA JUSTICIA
Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine (AFDDyE)
Corporación Memorial Paine
Paine, 8 de abril de 2020
