Situación actual causa Paine
El año 2019, ha sido un año particular en materia de justicia para la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Paine, puesto que desde el año 2018 se encuentran siete episodios con sentencia de primera instancia, pronunciada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, a la espera de la sentencia final que debe emitir la Corte Suprema. Dichos episodios corresponden a; La Estrella – hermanos Albornoz Prado, Subcomisaría – Luis Díaz Manríquez, Panadería El Sol – Pedro Vargas Barrientos, Campo Lindo – Jorge Valenzuela Valenzuela, Canal Viluco – José González Sepúlveda, Godoy Román – Francisco Godoy Román y Martínez Vera – Gustavo Martínez Vera. En todos los episodios, la ministra en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Sra. Marianela Cifuentes Alarcón condenó al Coronel ® de Carabineros, Nelson Bravo Espinoza, quién en el año 1973 se desempeñaba como Capitán de Carabineros de la Subcomisaría de Paine, como el autor del delito de secuestro calificado.
Durante el primer semestre del presente año, los y las familiares, se han reunido con diversas autoridades, tanto del poder judicial como del ejecutivo, sosteniendo encuentros con el Presidente de la Corte Suprema Haroldo Brito, el Ministro de Justicia Hernán Larraín y la Subsecretaria de DD.HH Lorena Recabarren, en los que han manifestado su preocupación y malestar por el nulo avance en la revisión de las causas por parte de la Corte Suprema, además de solicitar apoyo para que los episodios que ya se encuentran con sentencia en primera instancia, sean puestos en tabla a fin de que se ratifiquen las condenas dictadas por la ministra en visita que dan cuenta de las graves violaciones a los derechos humanos de las que fueron víctimas ocho campesinos y obreros de Paine, condenando a los agentes del estado que participaron en la ejecución y/o desaparición de estos.
A pesar de que el presidente de la Corte Suprema, Ministro Haroldo Brito, se comprometió a colocar en tabla las causas, para ser revisadas por la segunda sala penal del máximo tribunal, hecho que ocurrió a fines de abril, estás no han sido alegadas por factores propios del poder judicial, como plenos extraordinarios y tablas extraordinarias, que han contribuido en seguir dilatando los procesos judiciales, del cual el estado tiene la obligación de investigar y sancionar a los responsables y así obtener la anhelada justicia que por más de 45 años han exigido los y las familiares del caso Paine.
