En esta oportunidad se trata del secuestro calificado del Presidente del Comité de Pequeños Agricultores de Buin y Paine, Francisco Baltazar Godoy Román desde el asentamiento “Huiticalán”.

Seis años en presidio suma el oficial de carabineros en retiro Nelson Iván Bravo Espinoza  con la nueva condena dictada este miércoles cuatro de abril por la Ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón.

Acto seguido, Francisco Godoy fue trasladado a la Subcomisaría de Carabineros, donde se le mantuvo encerrado de forma ilegal. Desde entonces, se desconoce su paradero. Para ese momento, la unidad policial se encontraba bajo el mando del capitán Nelson Bravo. En el aspecto civil, se condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización ochenta millones de pesos a la familia de la víctima.

Francisco Godoy era dirigente campesino, casado, con dos hijos.  Tenía claridad de lo que estaba ocurriendo y temía ser detenido. El día anterior había hecho llegar al Gobernador del Departamento de Maipo una carta en la cual le manifestaba sus temores: “dejo mi domicilio habitual de Aculeo, por razones de mi seguridad personal»… «Tengo un alto respeto por las Fuerzas Armadas y de Orden de mi patria, no son ellas las que me atemorizan, sino la represalia del sector patronal, que ya se está haciendo notar».

El fallo confirma que la detención y posterior desaparecimiento de Francisco Godoy se enmarcan en lo que fue la represión en Paine el período inmediatamente posterior al 11 de septiembre de 1973. Este caso se suma a las recientes sentencias otorgadas por la ministra a Nelson Bravo por secuestros en asentamientos La Estrella y Campo Lindo y que lo condenaban a 16 años de presidio. Con esto, el ex uniformado acumula más de 22 años de prisión.

Esperamos que la ministra Marianela Cifuentes continúe avanzando en saldar la deuda del Estado chileno con los ciudadanos de Paine y establezca las medidas de reparación necesarias a las víctimas y sus familias, ayudando a sanar un daño profundo a una localidad rural en la que la vivió de primera mano la violencia. En tanto, denunciamos que Carabineros continúa sin colaborar para ubicar los restos de los detenidos desaparecidos, o antecedentes que permitan avanzar en verdad y justicia, y llamamos a los civiles que manejen información ponerla a disposición con los tribunales.