Se trata de nueve ex uniformados procesados por los secuestros calificados de 11 campesinos en octubre de 1973 en la comuna de Paine.
La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, dictó nuevos procesamientos en el llamado “Caso Paine”.
Son nueve funcionarios en retiro de Carabineros y el Ejército por los secuestros calificados de 11 campesinos cometidos entre el 13 y el 20 octubre de 1973. Los procesados son Iván de la Fuente Sáez, Francisco José Rojas Martínez, Julio Cerda Carrasco, Alejandro Emilio Valdés Visintainer, Alfonso Faúndez Norambuena, Osvaldo Andrés Magaña Bau, Sergio Heriberto Ávila Quiroga, Óscar Hernán Vergara Cruces y Roberto Arcángel Rozas Aguilera.
Se les investiga por el secuestro de José Manuel Díaz Inostroza, Francisco Javier Lizama Irarrázaval, Jorge Manuel Pavez Henríquez, Juan Manuel Ortiz Acevedo y Luis Celerino Ortiz Acevedo, a quienes se les perdió el rastro a partir del 13 de octubre de 1973, y de Pedro Juan Meneses Brito, Luis Osvaldo González Mondaca, Santos Pascual Calderón Saldaña, Benjamín Adolfo Camus Silva, Rolando Anastasio Donaire Rodríguez y Bautista Segundo Oyarzo Torres, desaparecidos desde el 20 de octubre del mismo año.
De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, la ministra estableció que entre el 13 y 20 de octubre de 1973, efectivos de la Escuela de Infantería de San Bernardo, junto a un funcionario policial del retén Pintué de Carabineros y un civil, Francisco Luzoro, realizaron allanamientos y detenciones selectivas en diversos asentamientos campesinos de la Reforma Agraria en la comuna de Paine.
Las víctimas de estas operaciones ocupaban cargos administrativos en los asentamientos, por lo que fueron trasladados al campo de prisioneros y centro de tortura y exterminio de Cerro Chena, dependiente y ubicada en los terrenos de la Escuela de Infantería de San Bernardo que la Escuela de Infantería mantenía al interior del Cerro Chena, lugar en que, según denuncia el fallo, “fueron encerrados de manera ilegal y sometidos a interrogatorios y malos tratos”. El documento concluye señalando que: “Los detenidos fueron ejecutados mediante disparos con armas de fuego y sus cuerpos abandonados en diferentes predios de la zona”.
Cabe recordar que en el 17 de noviembre de 2017 la ministra condenó al ex dirigente camionero Francisco Luzoro a 20 años de presidio por cuatro delitos de homicidio calificado y uno frustrado, constituyéndose así la primera sentencia contra un civil en un caso de Derechos Humanos en nuestro país.
A más de 40 años de estos crímenes el único procesado y condenado que está cumpliendo prisión efectiva es Francisco Luzoro, por lo que la investigación que lleva a cabo la ministra Marianela Cifuentes constituye un proceso clave para avanzar en la deuda que aún mantiene el Estado de Chile de alcanzar plena justicia y verdad frente a las víctimas y sus familiares, pero ante la sociedad en general, de cara a la construcción de un país democrático y con pleno respeto a los derechos y garantías fundamentales de las personas.
